Desde su promulgación el 15 de enero, la Ley 01-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ha sido objeto de controversia por varias ambigüedades en su texto. En menos de ocho meses, el Tribunal Constitucional ha recibido al menos nueve impugnaciones sobre esta ley.
Por lo que, las principales críticas se centran en dos artículos. El artículo 9 otorga a la DNI amplias atribuciones para investigar actividades que amenacen la seguridad nacional y contrarrestar riesgos internacionales. El artículo 11 obliga a todas las entidades del Estado y privadas a proporcionar información a la DNI, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la invasión a la privacidad y la protección de datos.
Sin embargo, los opositores argumentan que estas disposiciones violan varios artículos de la Constitución, como el artículo 40, que garantiza la libertad y la igualdad ante la ley, y el artículo 44, que protege la intimidad y el honor personal.
Entre los querellantes están la Acción Cristiana, Juventud con una Misión (Jucum), RD Inclusiva, Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia, y partidos políticos como el PRD y la Fuerza del Pueblo. También han presentado objeciones el Colegio de Abogados y varios individuos.
Se ha propuesto modificar cinco de los 39 artículos de la ley para corregir las ambigüedades identificadas. Persio Maldonado, vocero de la comisión que estudia la ley, anunció que los artículos a revisar son el 01, 02, 09, 11 y 26.
El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Aurelio Henríquez, instó al presidente Luis Abinader a evaluar cuidadosamente las propuestas de modificación para garantizar que la ley no afecte la libertad de expresión ni el derecho a la reserva de las fuentes periodísticas.
Además, el CDP ha establecido un convenio con la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea (UTEL) para ofrecer becas y oportunidades educativas a periodistas y técnicos de medios, con el objetivo de fortalecer su formación profesional.
