El Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT) destituyó al primer ministro, Garry Conille, y nombró en su lugar al empresario, Alix Didier Fils-Aime, en medio de acusaciones de corrupción, disputas sobre la legalidad del proceso y el cuestionamiento de Conille sobre la legitimidad de la decisión que, a su parecer, contradice la Constitución.
En un documento hecho público este domingo, Garry Conille ordenó a la entidad encargada de publicar las decisiones oficiales, Presses nationales, que no notificara la resolución adoptada por el Consejo.
Conille afirmó que esta resolución está “tomada fuera de todo marco legal y constitucional”, y suscita “serias dudas sobre su legitimidad y sus repercusiones en el futuro del país”.
En su opinión, esta decisión es contraria no sólo a la Constitución del país, sino también a los textos que rigen el período de transición.
El Consejo Presidencial “no puede en ningún caso, ni siquiera en el marco de sus funciones transitorias, suplantar al Parlamento o ejercer un poder que no le haya sido atribuido”, reza el documento.
Señala que, aunque el Consejo Presidencial tiene la prerrogativa de nombrar al primer ministro, ningún texto legal le confiere el poder de destituirlo.
Por consiguiente, la decisión del CPT, “tomada fuera de este marco, constituye un abuso de poder y una parodia que atenta contra los principios fundamentales de la democracia”, prosigue la nota de Conille.
Desde hace varios meses, existe un conflicto entre Conille y los miembros del Consejo Presidencial de Transición.
El empresario Alix Didier Fils-Aime es un antiguo candidato al Senado bajo la bandera del partido político Verite. Su toma de posesión está prevista para este lunes, según la prensa local. Al día siguiente de la investidura se formará el nuevo Gobierno.
Al parecer, según informaciones de medios haitianos, el origen de esta situación está en la presencia en el CPT de tres miembros del Consejo que han sido acusados de supuesta corrupción en Haití, pero también se menciona la negativa del primer ministro de llevar a cabo una reestructuración ministerial exigida por el CPT.
