Los índices de siniestralidad vial están obligando a maniobras del Gobierno, una situación que lleva tragedia a los hogares dominicanos y que en la “temporada de pandemia” (2020-2022) causó un 96% más de muertes que la Covid-19. Por esto se crea un “comando secreto”, que cada viernes está reunido.
Se realiza en la sede del Ministerio de Interior y Policía (MIP), una instancia que cree en convertir el pago de multas de tránsito en obligatorio como forma de imponer un régimen de consecuencias, así lo manifestó su titular, Faride Raful.
“Se está proponiendo una reforma a la ley de tránsito en ese capítulo solamente, para nosotros poner de manera obligatoria el pago de la multa. Porque en lo que todos estamos de acuerdo, es que cuando no hay un régimen de sanciones, las personas evaden la responsabilidad que les toca”, expresó Raful.
Con la normativa actual, las multas prescriben en un año a partir de la fecha en que se cometió la infracción, cuya extinción puede ser solicitada a través de un tribunal especializado. Ante esa realidad, el ministerio público también se involucra con la reactivación de una unidad para hacer más efectivo el cobro, según indicó.
“Nosotros hemos tenido casos donde personas que han sido llevadas por una violación a la ley de tránsito presentan una cantidad de multas en su registro, que aunque han perimido, son exorbitantes y son personas que no deberían estar conduciendo y que son un riesgo para la seguridad”, dijo Raful.
En esta entrevista, abundó que se está proveyendo de mayores recursos a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), con la reciente disposición de 10 camionetas que operan en las principales avenidas del país y suministro de más de 300 miembros de la policía auxiliar, de los cuales se propone otro ingreso de 600 procedentes de la graduación pautada para abril.
