Biden considera protección para indocumentados casados con estadounidenses

La Administración de Joe Biden está considerando una propuesta para proteger a los indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses de la deportación y otorgarles permisos de trabajo, lo que beneficiaría a más de un millón de inmigrantes en el país, según informaron medios estadounidenses el lunes.

Mientras que, funcionarios de la Casa Blanca informaron al diario The New York Times que están evaluando la legalidad de amparar a estas personas con un estatus conocido como «parole in place», que les permitiría trabajar legalmente y los protegería de la deportación. Sin embargo, aún no se ha tomado una decisión final al respecto.

Dicho programa podría ofrecer un alivio temporal a alrededor de 1.2 millones de inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses. Según fuentes citadas por Político, si se lleva a cabo esta medida, no se anunciaría antes del debate programado para el 27 de este mes entre Biden y el expresidente y precandidato republicano Donald Trump.

Legisladores y grupos proinmigrantes han estado instando a la Administración de Biden durante meses para que tome medidas ejecutivas que protejan a millones de inmigrantes sin estatus legal, especialmente aquellos que han contribuido a la economía durante un largo período.

En mayo, senadores demócratas junto con otros legisladores expresaron en una conferencia de prensa en el Capitolio que Biden tiene la autoridad para implementar medidas que amparen a los indocumentados y a los extranjeros con diferentes tipos de visas temporales.

Por lo que, la semana pasada, el presidente demócrata utilizó su poder ejecutivo para emitir una orden con la que se espera que el Gobierno estadounidense pueda restringir la posibilidad de que la mayoría de las personas que crucen la frontera irregularmente puedan solicitar asilo, un estatus que solicitan miles de personas diariamente para permanecer en el país.

Esta orden ejecutiva ha generado críticas por parte de activistas, y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ha prometido demandar la medida.