El juicio político

El juicio político, conocido como “impeachment” en el derecho anglosajón, está configurado en la constitución dominicana mediante una combinación de los artículos 80.1 y 83.1 sobre las atribuciones exclusivas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, respectivamente.

Con este mecanismo de control de actuaciones de los servidores públicos de elección popular y los designados por el Senado y el Consejo Nacional de la Magistratura, se busca juzgarlos por la alegada comisión de “faltas graves en el desempeño de sus funciones” que tiene como única sanción la destitución.

Para que se puede concretar deben cumplirse requisitos como el quórum para que los diputados, actuando como una especie de ministerio público en la fase de investigación, estudien el caso y formulen acusación con el voto favorable de las dos terceras partes de su matrícula de 190, es decir, 127.

El Senado de la República hace las veces de juez, conforme al artículo 80.1, y para aprobar la destitución del procesado requiere el apoyo de dos tercios de su matrícula de 32, es decir, de 22, además de imponer como sanción accesoria la prohibición de desempeñar cualquier cargo público por diez años.

Esos aspectos formales, procesales constitucionales, están claros y definidos en la Ley de Leyes como requisitos, del otro lado de la moneda está la composición partidista del Congreso Nacional que determinará quién tiene autosuficiencia para lograr el quórum y la voluntad política de cerrar el caso.

En estos momentos de fragor de campaña proselitista presidencial y congresual en etapa final, es poco probable que concurran factores que permitan un juicio político en el Congreso y, por otro lado, la oposición está en minoría para lograrlo, de manera que plantearlo ahora es solo “una burbuja mediática”.