Por: Pavel De Camps Vargas
La reciente declaración del embajador interino de Haití ante la OEA, Gandy Thomas, calificando de «inmorales» las repatriaciones de ciudadanos haitianos en la República Dominicana, amerita una respuesta detallada y contundente que aclare los motivos y las circunstancias que justifican dichas decisiones. La República Dominicana tiene el derecho y la obligación de regular la migración en su territorio, como lo haría cualquier otra nación que busca preservar la seguridad de sus ciudadanos y el equilibrio de sus recursos.
Primero, es crucial aclarar que la República Dominicana, a pesar de los retos, ha mantenido una política de apertura hacia los ciudadanos haitianos. Desde hace décadas, los haitianos han encontrado en territorio dominicano oportunidades laborales que son limitadas en su propio país, particularmente en los sectores de la construcción y la agricultura, así como en el turismo, la banca y el transporte. Se estima que más de 2,000,000 de haitianos residen en el país, de los cuales muchos se encuentran en situación migratoria irregular. Este contexto ha generado una enorme presión sobre los servicios públicos dominicanos, lo cual afecta directamente al bienestar de los ciudadanos dominicanos en el país.
El embajador Thomas habla de «discriminación» y «odio», pero la realidad de los hechos habla por sí misma. El 38.8 % de los partos en los hospitales públicos del país el año pasado fue de mujeres haitianas e incluso en diversas provincias supera el 51 % de los partos, dejando sin cama a las mujeres dominicanas. Además, 146 000 niños haitianos están recibiendo educación en las escuelas públicas dominicanas, representando una inversión de más de 430 millones de dólares por parte del Estado dominicano, que ha dejado fuera de las escuelas a estudiantes dominicanos; por lo tanto, le quita a los dominicanos el derecho de la enseñanza. Esto refleja que la descrinicación es a los dominicanos por parte del embajador Thomas, a la vez deja una pizca de odio a los ciudadanos dominicanos, ya que considera que ellos deben ser primero que los propios dominicanos. Estos datos demuestran el compromiso de la República Dominicana con los derechos humanos y la dignidad de los migrantes.
Para poner esto en perspectiva, el gasto promedio anual del Estado dominicano en salud y educación supera los 2500 millones de dólares, y gran parte de estos recursos se destinan a proporcionar servicios esenciales a la creciente población migrante. De hecho, según datos del Ministerio de Salud Pública, la atención brindada a la población migrante haitiana representa más del 20 % del presupuesto total destinado a salud. Esta inversión incluye, no solo atención médica de emergencia, sino también a programas de vacunación y tratamientos especializados, todo sin discriminación ni exclusión.
El embajador interino Gandy Thomas intencionalmente olvida que la República Dominicana ha demostrado ser un vecino solidario y ha apoyado en la medida de sus posibilidades al pueblo haitiano en tiempos de crisis. Tras el devastador terremoto de 2010, la ayuda humanitaria desde suelo dominicano fue la primera en llegar. Se habilitaron hospitales de campaña, se envió alimentos y se permitió la entrada de miles de personas que buscaban refugio temporal. Sin embargo, la capacidad de ayuda de la República Dominicana no es infinita, especialmente cuando el Estado haitiano no ha podido garantizar las condiciones mínimas necesarias para sus propios ciudadanos, como la provisión de un documento de identidad.
Es necesario resaltar que la soberanía de la República Dominicana implica el derecho a proteger sus fronteras y establecer políticas migratorias que permitan un flujo regulado y ordenado de personas. Esta no es una acción dirigida a discriminar, sino a garantizar que los recursos públicos sean sostenibles para todos los que residen en el territorio nacional, independientemente de su origen. Año tras año, los hospitales y escuelas se llenan de ciudadanos que han cruzado la frontera, y la falta de apoyo internacional para Haití ha dejado a la República Dominicana sola en la tarea de asistir a sus vecinos. Además, los funcionarios haitianos buscan constantemente llevar un discurso racista en contra de los dominicanos, para tapar su irresponsabilidad y buscar apropiarse del territorio nacional.
Un tema fundamental en esta situación es la falta de documentación de los ciudadanos haitianos. Haití no ha logrado documentar a sus ciudadanos con actas de nacimiento o cédulas de identidad, algo básico en toda sociedad. La República Dominicana ha realizado esfuerzos para dotar de identificación a estos ciudadanos extranjeros, de modo que puedan circular y laborar. Sin el apoyo adecuado del Estado haitiano, este esfuerzo se torna difícil y poco efectivo.
Los migrantes haitianos, en la mayoría de los casos, ingresan de manera ilegal, con la expectativa de que se les brinden servicios de salud y educación por encima de los ciudadanos dominicanos. Esto viola los derechos de las mujeres embarazadas dominicanas y también afecta el derecho a la educación de los niños dominicanos. Además, se espera que los descendientes de haitianos sean declarados dominicanos, cuando la propia Constitución haitiana establece que los hijos de haitianos serán haitianos sin importar dónde nazcan (Jus sanguinis). La ley dominicana requiere que al menos uno de los padres sea dominicano para otorgar la nacionalidad, y el haitiano debe estar en situación migratoria regular. Ningún haitiano tiene el derecho de exigir una nacionalidad que no le corresponde por ley.
Es también importante reconocer la colaboración de la República Dominicana con la Misión Multinacional para Haití y el mantenimiento del comercio fronterizo, aspectos que benefician directamente a ambos países. Pero, ante la incapacidad del Estado haitiano de proporcionar bienestar a sus ciudadanos, la presión sobre los recursos dominicanos se ha vuelto insostenible. Repatriar a migrantes irregulares no es una decisión «triste» o «inmoral«; es una medida necesaria para preservar el orden y la estabilidad que requiere cualquier nación.
La República Dominicana ha hecho enormes sacrificios económicos para garantizar el bienestar de todos los residentes del país, tanto nacionales como extranjeros. El Estado invierte más del 4 % del PIB en educación, lo cual incluye la construcción y mantenimiento de infraestructuras escolares, capacitación docente y provisión de materiales educativos. Además, en salud, la inversión supera el 2 % del PIB, abarcando servicios que se extienden a comunidades enteras, incluidas las migrantes.
El sistema de salud dominicano ha absorbido costos significativos derivados de la atención a migrantes haitianos. En muchos casos, los servicios gratuitos que reciben los haitianos no solo benefician a la comunidad migrante, sino que también impactan negativamente la calidad y disponibilidad de estos mismos servicios para los ciudadanos dominicanos. A pesar de estas dificultades, la República Dominicana ha continuado extendiendo su mano solidaria, pero esto no debe interpretarse como una obligación a sacrificar el bienestar de sus propios ciudadanos.
Los tratados internacionales sobre derechos humanos, a los cuales la República Dominicana está suscrita, no niegan el derecho de los países a establecer medidas de repatriación para quienes se encuentran en situación irregular. De hecho, la regulación de la migración es parte esencial de la soberanía nacional y se lleva a cabo en cumplimiento de las leyes establecidas por el propio país, alineadas con los acuerdos internacionales.
Si bien es cierto que los trabajadores haitianos contribuyen a la economía dominicana, también es verdad que la República Dominicana ha asumido responsabilidades que superan con creces las capacidades que pueden esperarse de un país en vías de desarrollo. La verdadera solución a la crisis migratoria radica en el apoyo internacional a Haití para que pueda brindar a sus ciudadanos una vida digna en su territorio y que los haitianos reduzcan los altos niveles de corrupción con lo poco que tiene. Los esfuerzos y sacrificios de la República Dominicana no deben ser subestimados ni mal interpretados como una negación de los derechos humanos.
El debate sobre la migración haitiana no se puede simplificar como una cuestión de «moralidad»; se trata de un tema complejo que requiere entendimiento, cooperación y, sobre todo, soluciones que garanticen una mejor calidad de vida, tanto para los haitianos como para los dominicanos. La República Dominicana seguirá ejerciendo su derecho a proteger su soberanía, siempre buscando un equilibrio justo y humano para todos los involucrados.
