Carlos Manuel Estrella
De manera simultánea, el presidente Luis Abinader ha impulsado un conjunto de reformas que ya impactan la vida democrática y que deberán dejar impronta de su paso de ocho años por la administración del Estado, con énfasis en aspectos que buscan moralizar la gestión y consolidar la institucionalidad.
Desde su estreno como mandatario en 2020 está enfocado en lograr la modernización y transformación de la Policía, tarea ciclópea de la que sin dudas puede mostrar avances en proceso continuo que impacta la seguridad ciudadana, y está empeñado en consolidar un Ministerio Público realmente independiente.
Con la modificación a la Constitución, que ya es un hecho, ha petrificado el histórico afán continuista de los gobernantes de turno y asegurado su autoexclusión de posibilidad de repostularse, pese al costo político contra la tradición del presidencialismo clientelar. Ya es parte de su legado inédito.
Quedan bajo discusión, previo a la sanción legislativa correspondiente, la actualización del Código de Trabajo, que no debe tener mayores dificultades por ser producto del consenso en temas no controversiales, excepto el auxilio de cesantía, y que deberá normatizar novedades de la labor productiva moderna.
La mayor discusión, porque afecta a todos sin excepción, es la propuesta de cambios del régimen impositivo con disciplina del gasto público y mayor eficiencia burocrática, que debe cumplirse con justicia y equidad, sacrificios proporcionales y protección de los más vulnerables, que es un rol del Estado.
Con la especie de revolución reformadora que impulsa el mandatario, después de la tempestad que genera y aún pendiente la educativa, la visión optimista del futuro cercano se orienta a sentar bases jurídicas y políticas para consolidar la democracia, el crecimiento económico y el real desarrollo humano.
