La República Dominicana ha vivido históricamente de espaldas al mar, tanto en usos y costumbres, que incluyen la alimentación, como en lo jurídico internacional para definir fronteras marítimas, defender y aprovechar riquezas actuales y potenciales, zonas económicas exclusivas y otros derechos del mar.
Participó y suscribió la Convención de Derecho del Mar, conocida como Convemar, efectuada en Montego Bay, Jamaica, en 1982 y transcurrieron 26 años para que fuese ratificada por el Congreso Nacional en 2008, para hacerla vinculante y tener acceso a sus beneficios, entre otros, de estado archipielágico.
El mar territorial era de solo seis millas náuticas, la Convemar lo duplica pero RD no puede aprovecharlo por no ratificar la Convención, además tiene que definir fronteras marítimas con seis estados limítrofes: Haití, Estados Unidos (Puerto Rico), Reino Unido, Venezuela, Colombia y Reino de Países Bajos (Aruba, Bonaire, Curazao, etc.).
A partir de 2007, el Estado dominicano negocia acuerdos con vecinos para establecer límites, casos de Colombia y Venezuela, pero no había ratificado la Convemar y es en 2021 que surge el pacto con Países Bajos que es objeto de controversias, luego de pasar el control preventivo del Tribunal Constitucional.
La razón radica en argumentos de dos votos salvados, y cuatro disidentes, de los 13 miembros del TC, para quienes el pacto no es conforme a la Constitución, se basó en la “equidistancia” no en la “equidad”, y en él subyace el interés de Países Bajos por gas natural y petróleo del fondo marino nacional.
Está pendiente para validar el acuerdo, que tiene el nombre sugestivo de “legitimación marítima” en vez de “delimitación marítima”, que el Congreso Nacional lo ratifique para hacerlo vinculante al Estado o, lo rechace, como debería ocurrir, para preservar la soberanía y no enajenar el patrimonio estatal.
